Investigaciones sobre pronostico de la vida

Actualmente no existen suficientes acciones concretas para cumplir con las metas de descarbonización. Los informes globales recientes coinciden en que, pese a compromisos y planes, las emisiones siguen en niveles peligrosos. Por ejemplo, el Informe de Brecha de Emisiones 2024 de la ONU señala que para mantener 1,5 °C de calentamiento los países deben reducir emisiones un 42% para 2030 y 57% para 2035; de no aumentarse la ambición, el mundo iría hacia un calentamiento de 2,6–3,1 °C[1]. La Agencia Internacional de la Energía (IEA) confirma que en 2023 las emisiones globales de CO₂ volvieron a su récord histórico (+1,1%, a 37.4 Gt) a pesar del crecimiento de energías limpias[2]. Un análisis de la Universidad de Exeter (Global Carbon Project) concluye que “la acción para reducir las emisiones de combustibles fósiles sigue siendo dolorosamente lenta”[3]. En paralelo, estudios chinos señalan que más de 150 países tienen compromisos de neutralidad de carbono cubriendo el 80% de emisiones mundiales, y que el 86% ya ha comenzado a reducir la intensidad de emisiones de sus economías[4]. Sin embargo, la mayoría aún necesita acelerar el proceso. En resumen, existe un amplio desfase entre promesas/políticas y resultados reales: la evidencia sugiere que los compromisos todavía no se traducen en la implementación efectiva necesaria para frenar el calentamiento.

Dada esta insuficiente acción global, se prevé un deterioro marcado de la calidad de vida en las Américas en la próxima década. Se espera un empeoramiento de variables ambientales, sociales y sectoriales, con impactos diferenciados según la región y vulnerabilidad local:

-Disponibilidad de agua: La crisis hídrica se agravará. A nivel mundial, la UNESCO advierte que para 2030 la demanda de agua dulce superará en un ~40% la oferta actual[5]. En México y Centroamérica ya hay fuerte estrés: seis de cada diez mexicanos viven con restricciones de agua, con el norte y centro del país (más poblados) recibiendo solo ~30% de los recursos hídricos[6]. Sequías prolongadas en el norte de México (Nuevo León, Chihuahua, Sonora) ya reducen drásticamente reservas superficiales y subterráneas[7]. En el Cono Sur (Chile, Argentina) el retroceso de glaciares andinos (–30% a –50% desde los 80[8]) compromete recursos clave, mientras sequías en la Patagonia y el sur de Brasil están aumentando (en parte por El Niño). Norteamérica (EE.UU./Canadá) enfrenta sequías graves en el oeste (p. ej. récord histórico de escasez en los embalses del Río Colorado) y cargas mayores de demanda urbana/rural. En conjunto, se prevé que gran parte de la población en Centroamérica, el Caribe y México sufrirá escasez hídrica recurrente en los próximos años, salvo inversiones urgentes en infraestructuras de agua y uso sostenible[7].

-Temperaturas extremas: Las olas de calor se volverán más frecuentes e intensas en todo el continente. El WMO informa que en 2023 el planeta estuvo cerca de superar 1,5 °C por encima de la era preindustrial y proyecta altas probabilidades (≈70%) de que el promedio 2025–2029 exceda definitivamente ese umbral[9]. En las Américas esto significa más días con temperaturas por encima de 40 °C en regiones que ya sufren calor extremo (sudoeste de EE.UU., México central, parte del Cono Sur) y noches tórridas en ciudades grandes. Estas temperaturas récord tendrán efectos directos en la salud (olas de calor letales) y en demanda energética (mayor uso de aire acondicionado). Al mismo tiempo, se prevé que el Ártico norteamericano seguirá calentándose mucho más rápido que el promedio global, lo que agrava fenómenos como incendios forestales en Canadá y Alaska[9].

-Frecuencia de eventos extremos: Los huracanes, ciclones y tormentas intensas serán aún más destructivos. La región del Caribe y la costa atlántica de Centroamérica y EE.UU. verán tormentas con mayor energía: análisis del gobierno de EE.UU. muestran que, aunque el número de huracanes no ha aumentado drásticamente, la energía acumulada de los ciclones en el Atlántico (ACE) ha subido notablemente en las últimas décadas, con 8 de los 10 años de máxima actividad desde mediados de los 90[10]. Esto se traduce en tormentas más intensas y más frecuentes landfall, poniendo en peligro islas caribeñas bajas y zonas costeras. Asimismo, se espera un aumento de lluvias intensas y de inundaciones repentinas tanto en Norteamérica como en Sudamérica tropical (Amazonas), así como mayores sequías en áreas ya áridas (p. ej. Corredor Seco centroamericano, parte del noreste de Brasil). En resumen, olas de calor, ciclones, inundaciones y sequías extremas serán más habituales, afectando ecosistemas y poblaciones vulnerables en cada subregión.

-Empleo: Los sectores más vinculados al clima (agricultura, pesca, turismo) enfrentarán pérdidas de empleo cuando la productividad caiga. El IPCC estima que en América del Norte el cambio climático ya ha reducido la productividad agrícola en ~12,5% desde 1961, con mayores pérdidas al sur (México)[11]. En Centro y Suramérica, esto implicará menores cosechas y rentas agrícolas, especialmente en comunidades rurales pobres. Sin embargo, si se impulsa la descarbonización, hay potencial para crear empleos: un informe del BID calcula que la transición a cero emisiones netas podría generar netamente 15 millones de nuevos empleos en Latinoamérica para 2030 (trabajos en energías limpias, eficiencia, etc.)[12]. No obstante, en el escenario de baja acción climática, las oportunidades laborales verdes no serán suficientes para contrarrestar la pérdida de empleos tradicionales ligados a combustibles fósiles o agricultura ineficiente climáticamente.

-Pobreza energética: El aumento de eventos extremos y precios del carbono puede incrementar la pobreza energética (falta de acceso a energía asequible). Por ejemplo, cortes de energía por desastres (huracanes en el Caribe, incendios forestales en EE.UU./Canadá) ya han dejado regiones sin electricidad días enteros, aumentando costos para hogares y pequeñas empresas. En zonas rurales de Centroamérica y Caribe, el clima extremo puede encarecer la energía (cuando sube demanda de combustible o hay escasez en el sistema), agravando la pobreza energética de los más vulnerables. La región ofrece margen de mejora: actualmente ~30% de la energía en Latinoamérica proviene de renovables (el doble que el promedio global)[12], pero la infraestructura aún es débil en áreas remotas, y los aumentos del precio internacional de combustibles fósiles (o escasez) podrían golpear a familias de bajos ingresos.

-Seguridad alimentaria: El cambio climático amenaza los alimentos básicos. Sequías intensas en México y Centroamérica (como las recientes en el Corredor Seco) han causado pérdidas de cosechas de maíz y frijol, aumentando la dependencia de importaciones de alimentos o de ayuda alimentaria. Por ejemplo, hasta 2015, pérdidas de hasta 80% de cultivo en zonas de Centroamérica dejaron 2.5 millones de personas en inseguridad alimentaria[13]. En Norteamérica, el EPA señala que pese al alargamiento de temporadas de cultivo, los rendimientos de cultivos como maíz y arroz serían más bajos que sin cambio climático[14]. Esto puede elevar los precios de los alimentos en toda la región y poner en riesgo la nutrición de las comunidades pobres rurales e indígenas. La pesca artesanal también sufrirá: arrecifes coralinos del Caribe y del Pacífico tropical se blanquearán más seguido, y pesquerías climáticamente sensibles (salmones en EE.UU./Canadá, capturas de pequeña escala) se desplazarán o colapsarán. Como señala un estudio reciente, por estos motivos podríamos ver hasta 17 millones de migrantes climáticos internos en América Latina y el Caribe hacia 2050 (lo que evidencia las presiones sociales sobre la alimentación y recursos)[15].

-Migración climática: Las perturbaciones ambientales impulsarán flujos migratorios. En Centroamérica y México, sequías prolongadas en zonas rurales y huracanes que destruyen viviendas empujarán a la gente hacia las ciudades o fuera del país; un informe proyecta de 1,4 a 3,9 millones de desplazados por clima en México y Centroamérica hacia 2050[15]. En el Caribe, la subida del nivel del mar y tormentas repetidas ya presionan a poblaciones costeras a reubicarse. Mientras tanto, en EE.UU. los fenómenos como incendios en California o huracanes en la costa este-fuente aumentarán la migración interna (por ejemplo, desplazamientos temporales tras desastres). En síntesis, la migración por factores climáticos crecerá en las próximas décadas como parte de la disminución de la calidad de vida en zonas muy expuestas.

-Agricultura: Sectores agrícolas clave se verán impactados. Como indica el EPA, aunque el CO₂ elevado puede favorecer algunos cultivos, las olas de calor y sequías reducen sustancialmente los rendimientos de maíz, arroz, trigo y otros (en EE.UU. ya se observan menores rendimientos netos)[14]. En Latinoamérica, lluvias erráticas y fenómenos meteorológicos extremos (tormentas, inundaciones súbitas) incrementan la erosión de suelos y las plagas, reduciendo la productividad del campo y aumentando las pérdidas de cosecha. Esto afectará especialmente a pequeños agricultores sin acceso a tecnología de adaptación, empeorando la pobreza rural y seguridad alimentaria.

-Minería: Muchas operaciones mineras en América dependen de agua en zonas áridas (p. ej. el litio en el norte de Chile/Argentina o el cobre en Chile). El estrés hídrico creciente (disminución de lluvias y glaciares) forzará restricciones al uso de agua minera, reduciendo producción o elevando costos (requerir extracción por ósmosis, reciclaje, etc.). Además, inundaciones y temporales (huracanes atlánticos que cruzan Mexico/Caribe) pueden interrumpir actividades extractivas en el Caribe continental. En resumen, la minería enfrentará mayores costos operativos y riesgos de cierre temporal debido al clima.

-Infraestructura energética: La infraestructura energética (redes eléctricas, refinerías, plantas eólicas/solares) será más vulnerable. Por un lado, eventos extremos pueden dañar instalaciones: por ejemplo, huracanes destructivos (como los últimos Florence/Michael) cortan líneas y afectan la generación en EE.UU. y Caribe. Olas de calor llevan a mayores cortes de energía (se agota capacidad de refrigeración, como la crisis en Texas 2021). Por otro lado, sin una rápida descarbonización, la dependencia de combustibles fósiles dejará a la región expuesta a volatilidad de precios y a las políticas globales de carbón, dañando a comunidades que dependen de industrias energéticas tradicionales. El desarrollo de infraestructura renovable puede mitigar parte del riesgo (solares y eólicas son más distribuidas), pero su despliegue aún es lento comparado con la necesidad.

A corto y mediano plazo y solo teniendo en cuenta los parametros presentes en esta sección de variables se esperan incrementos crecientes de los impactos climáticos. El siguiente cronograma esquematiza cómo podrían agravarse las condiciones por década en las Américas, si no se reduce sustancialmente la emisión de GEI:

-2025–2034: Las temperaturas globales probablemente superarán repetidamente +1,5 °C sobre preindustrial (WMO: 70% de probabilidad en el quinquenio 2025-29[9]). Esto traerá récords de calor y olas de temperatura letales en Norte y Centroamérica. En 2030 la demanda de agua superará en ~40% la oferta mundial[5], exacerbando las crisis hídricas regionales (norte de México, Cono Sur). Se multiplicarán los eventos extremos: huracanes muy intensos (Atlántico/Caribe), incendios más extensos en el oeste de EE.UU./Canadá, y sequías severas en Centroamérica. El PIB de países pobres ya puede sufrir caídas temporales (p.ej. hasta –3,6% en huracanes del Caribe[17]). En este periodo emergerán las primeras migraciones masivas internas por clima (millones en Centroamérica/México[15]) y se visualizarán tensiones por seguridad alimentaria y energética.

-2035–2044: Si las emisiones siguen altas, el calentamiento global se acercará a +2 °C. Las olas de calor serán habituales incluso en latitudes medias (EE.UU. sur profundo, centro de Argentina). Las sequías en el Corredor Seco y el altiplano mexicano se volverán cíclicas, poniendo en jaque la agricultura de subsistencia. El nivel del mar subiría varios centímetros, aumentando inundaciones costeras en islas del Caribe y en deltas de grandes ríos (Mississippi, Amazonas). Economías locales enfrentarán pérdidas anuales multimillonarias en agricultura y turismo (pérdidas por desastres crecientes). A escala social, los impactos alimentarios y migratorios de la década anterior se consolidarán: podrían alcanzarse decenas de millones de personas desplazadas o requeridas migrar en toda América (según estimaciones pessimistas mundiales, unos 200 M de migrantes climáticos globales para 2050[18]). La transición energética iniciada puede amortiguar parte del golpe, pero sin una aceleración masiva de las renovables y la eficiencia persistirán brechas de adaptación importantes.

-2045–2054: En este escenario la calidad de vida habrá disminuido en forma sustancial en gran parte de las Américas. Los impactos climáticos serían severos y frecuentes: huracanes de nivel muy alto recurriendo cada 2–3 años, sequías cíclicas en México/Centroamérica, y olas de calor en verano con mortalidad alta en zonas urbanas. Los ecosistemas mostrarán efectos irreversibles (pérdida de glaciares remanentes, manglares cubiertos por agua salina, reducción drástica de recursos pesqueros). Socioeconómicamente, la pobreza relacionada con el clima (hambre, desplazamiento forzado, falta de energía) alcanzaría niveles críticos en comunidades vulnerables. En contraste, las subregiones con mejor infraestructura (Canadá, áreas urbanas de EE.UU., Chile desarrollado) tendrán una mitigación parcial de daños, pero incluso allí se resentirán la salud pública (más enfermos por calor y contaminación) y la economía (inversiones obligadas en adaptación). En suma, el pronóstico por décadas muestra un aumento gradual y acumulativo de los impactos adversos en todas las variables consideradas, castigando más severamente a quienes ya son más vulnerables.

El escenario geopolítico global se ha vuelto más volátil con la intensificación de conflictos bélicos y tensiones entre potencias. Destacan la guerra de Rusia contra Ucrania (invadiendo Crimea en 2014 y Ucrania entera en 2022-presente), el conflicto Israel‑Hamás en Gaza (desde octubre 2023) y la guerra civil sudanesa (entre ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido desde abril 2023). También persisten enfrentamientos en Siria, Yemen (insurgencia hutí), Sahel (Mali, Burkina Faso, Níger) y Nigeria (insurgencia Boko Haram), así como la inestabilidad en el este de la República Democrática del Congo. Además, resurgen tensiones mayores: el pulso Rusia-OTAN (militarización europea +17% del gasto[1]), la alianza Rusia-China (acuerdos militares/energéticos recientes) o el riesgo latente en Taiwán-Asía. En conjunto, “armas, guerras y tensiones nucleares dominan el mundo en 2025”[1].

Muchas guerras involucran el control o afectación de recursos energéticos y estratégicos:

-Gas y petróleo: En Europa, el corte de gas ruso tras la guerra en Ucrania agudizó la crisis energética. Los gasoductos Nord Stream 1 y 2 y TurkStream estuvieron en el centro de disputas. En el Oriente Medio, los campos de gas del Levante (Leviatán, Tamar) y posibles yacimientos frente a Gaza son clave. Sin embargo, la guerra Gaza‑Hamás hasta ahora no interrumpió grandes flujos: sí “rompe dinámicas favorables” en el mercado petrolero a corto plazo y dilata el desarrollo del gas del Mediterráneo Oriental[2]. En África, el conflicto sudanés amenazó campos petroleros en Sudán y Sudán del Sur, mientras que la guerra de Libia dejó campos bajo control militar.

-Agua: La escasez hídrica agudiza conflictos. El gran proyecto de la presa etíope GERD para generar electricidad, vital para Etiopía, preocupa a Egipto que depende >90% del Nilo para su agua[3]. En Gaza, 95% del acuífero está inutilizado por salinización, agravando la crisis humanitaria (Gaza depende casi totalmente del agua controlada por Israel)[4][5]. En el Sahel y Sahara, la desertificación propicia tensiones por agua y tierras fértiles.

-Minerales estratégicos: Ucrania posee vastas reservas críticas: por ejemplo, el 7% del titanio mundial, grandes litios europeos (~500.000 toneladas) y grafito abundante[6]. La invasión rusa resaltó la necesidad de diversificar estos suministros[7]. En África, el Congo concentra ~55% del cobalto global[8], y Sudán del Sur tiene campos petroleros y oro (Sudán es tercer productor africano de oro[9]). China controla casi todas las etapas de producción de litio, cobalto y grafito, junto a Australia y Chile[10], lo que explica la carrera global por el acceso a dichos recursos.

-Transición energética y uso de fósiles: La guerra en Ucrania disparó los precios del gas y el petróleo. En Europa, por precaución se reactivaron plantas de carbón: por ejemplo, Alemania volvió a operar centrales clausuradas, generando ~15,8 millones de toneladas adicionales de CO₂ en 2022[11]. Sin embargo, un informe del CREA (IEA) señala que, a pesar de la crisis, “no se materializó el repunte del carbón” europeo, pues la construcción de renovables creció rápidamente[12]. En consecuencia, aunque hubo un aumento temporal del consumo de petróleo y carbón (para suplir la falta de gas), a medio plazo las potencias impulsaron el reemplazo con renovables y GNL (la UE prohibió el carbón ruso y limitó el gas hasta en un 75%[13], diversificando hacia EEUU y otros).

-Metas de descarbonización: Los conflictos han introducido retrasos y distorsiones. Políticas de emergencia (subsidios a combustibles fósiles, retraso de cierres de plantas) chocan con objetivos climáticos. Por ejemplo, se ha estimado que el acuerdo energético UE‑EEUU (compra de petróleo, gas y uranio por $750.000 M en tres años) retardaría la transición renovable de Europa “tres años” y haría perder su liderazgo verde[14]. Además, el PNUD advierte que los subsidios generales a la energía (práctica común en crisis) favorecen principalmente a los más ricos y “a largo plazo intensifican la crisis climática”[15]. En la práctica, emisiones extraordinarias (como las 15,8 Mt citadas) escaparon al régimen de comercio de emisiones de la UE[11], retrasando el cumplimiento de metas de 2030.

-Estabilidad de precios y suministro: Los conflictos provocan alta volatilidad en combustibles. En 2022 el crudo Brent pasó de ~$80 a ~$130/barril y el gas europeo superó €200/MWh. Esto animó inversiones en diversificación: EE. UU. aumentó sus exportaciones de GNL a Europa (los ingresos de EE. UU. por GNL rondaron $30.000 M en 2024, más de la mitad vendida a compradores europeos[16]). En 2024, Europa importó de EE. UU. 61.000 M m³ de GNL (cerca de la mitad de su consumo de GNL)[17]. En cambio, los precios de la energía en América Latina se moderaron (la inflación energética anual de la región era ~2,3% a mitad de 2024)[18]. En las energías limpias, los conflictos no cortaron la energía solar/eólica existente, pero sí tensionaron las cadenas de componentes: el cierre de rutas comerciales (marítimas y aéreas) alargó fletes y emisiones[19][20]. En conjunto, la incertidumbre refuerza la búsqueda de cadenas más locales y resilientes.

-Minerales críticos para renovables: La guerra subrayó cuán concentrado está el aprovisionamiento. Se prevé que la demanda mundial de litio, cobalto, tierras raras, etc. se cuadriplique hacia 2040[21]. Actualmente, tres países controlan >60% de cada etapa de litio, cobalto o grafito[10], lo que genera riesgo estratégico. En respuesta, EEUU y la UE promueven fuentes alternativas: se habla de explotar las reservas ucranianas de litio/grafito y los “triángulos del litio” latinoamericanos para reducir la dependencia[7][22]. China, por su parte, invirtió más de $16.000 M en minas globales en 2023 (sobre todo cobre, litio)[23], asegurándose suministros. Estas dinámicas geopolíticas sobre minerales determinarán en buena parte la velocidad de despliegue de baterías y renovables.

-Empleo y economía: Las crisis energéticas ligadas a la guerra han golpeado industrias intensivas. Por ejemplo, en 2022 la petrolera BASF anunció el recorte de 2.600 empleos globales (sobre todo en Alemania) debido al alza de costos energéticos tras la guerra[24]. En las Américas, el encarecimiento del combustible y los insumos (como fertilizantes) reduce la inversión y puede frenar la generación de empleos verdes. Paralelamente, la reorientación global hacia el GNL (EE. UU. vende más, Rusia menos) abre mercados para la industria energética norteamericana, mientras demanda de tecnología limpia crea ocupación en sectores renovables.

-Seguridad alimentaria y energía: El alza global de precios golpeó a los más pobres. En América Latina y el Caribe, las importaciones de fertilizantes subieron un 137% en 2022 debido al conflicto entre Rusia y Ucrania[25], lo que encarece la producción agrícola y amenazó la oferta alimentaria. A su vez, el precio de combustibles (diésel para maquinaria y transporte) también subió, presionando la inflación de alimentos. Según el PNUD, en países en desarrollo 71 millones de personas cayeron en pobreza en pocos meses tras la guerra (por inflación de comida y energía)[26], con América Latina entre los más afectados. La pobreza energética crece: muchas familias debieron recortar consumo para pagar factura de luz y gas, incrementando la inseguridad energética en la región.

-Migración y desplazamientos: Los conflictos y la crisis climática conexa agudizan los flujos migratorios. El deterioro de la agricultura por sequías recurrentes en el “corredor seco” centroamericano está forzando ya migraciones internas y hacia el norte (EE. UU.)[27]. En Sudamérica, la sequía amazónica de 2023 dejó cosechas perdidas y cortes de agua/energía masivos[28], lo que intensifica la pobreza rural y puede impulsar movimientos urbanos. A nivel global, ACNUR advierte que en el Sahel los efectos climáticos extremos reducen las tierras cultivables y las aguas disponibles, por lo que muchas personas se verán obligadas a migrar como única vía de supervivencia[29]. América Latina podría ver aumento de migrantes desde MENA y África (vía Europa o Canarias), así como un fenómeno interno mayor, si la crisis alimentaria y energética continúa.

-Infraestructura energética: La volatilidad ha impulsado proyectos de diversificación en la región (nuevos terminales de GNL en Panamá, Colombia; ampliación de redes eólicas/solares). Sin embargo, también ha desviado recursos. Expertos europeos señalan que el pacto UE‑EEUU por $750.000 M en combustibles fósiles “garantiza flujo de hidrocarburos pero aleja inversiones de la descarbonización”[30]. La misma lógica de corto plazo puede aplicarse en América: el gasto extra en importar gas o petróleo limita lo que se invierte en renovables. Aun así, la experiencia reciente subraya la importancia de fortalecer redes locales y almacenamiento para la resiliencia ante futuras crisis.

El cambio climático genera “puntos calientes” de conflicto futuro. El ejemplo más claro es la cuenca del Nilo: el Gran Embalse Etíope (GERD) ha reavivado tensiones históricas. Egipto teme que la presa reduzca drásticamente el caudal que aporta más del 90% de su agua[3]. Si no se acuerda un reparto, la tensión puede escalar a confrontación abierta. En el Medio Oriente y África se observa que sequías prolongadas (potenciadas por el cambio climático) avivan conflictos locales en Siria, Irak o Chad. En América Latina, las sequías extremas (Amazonía, centro de México, Gran Chaco argentino) intensifican la competencia por agua y tierras fértiles[28]. Estas presiones hídricas y agrícolas –monitoreadas por ONU y bancos mundiales– pueden detonar disputas locales o incluso regionales (por ejemplo, conflictos por acceso al agua en ríos binacionales o por tierras agrícolas secas).

Las guerras y la crisis climática actúan como “anillos concéntricos” que expulsan población. En el Sahel, la combinación de violencia y escasez hídrica ya empuja oleadas migratorias hacia Libia y el Mediterráneo, con destino Europa o América. En Oriente Medio, millones huyeron de Siria y Yemen empujados tanto por la guerra como por largos periodos de sequía. En los Andes, comunidades indígenas de montaña migran hacia ciudades cuando el derretimiento de glaciares y falta de lluvia anulan sus cultivos; esta migración rural-urbana recrudece la pobreza energética en peris. Asimismo, la crisis en Venezuela y Haití –países con casi total colapso de su sistema eléctrico– ha generado grandes flujos hacia el norte de Sudamérica y Centroamérica, una tendencia vinculada a la “pobreza energética” extrema. En todos estos casos, la falta simultánea de seguridad, alimento y energía asequible hace de la migración una estrategia de supervivencia.

-China: Se consolida como un actor decisivo. Fortalece su alianza con Rusia mediante nuevos gasoductos (e.g. Power of Siberia 2, 50.000 M m³/año hacia China)[31], asegurando gas barato a largo plazo. Al mismo tiempo, Beijing canaliza capital hacia proyectos mineros globales: en 2023 sus empresas invirtieron ~$16.000 M en minas extranjeras (cobre, litio, oro)[23] y controla gran parte de las cadenas críticas de baterías. Así, China refuerza su liderazgo tecnológico, mientras busca garantizar recursos clave para su transición interna y para alimentar la demanda global.

-Estados Unidos: Bajo la presidencia de Biden, impulsa su “seguridad energética”: aumentó la producción de gas natural y petróleo para abastecer tanto el mercado doméstico como exportaciones a Europa. Sus ventas de GNL rindieron ~$30.000 M en 2024[16], en gran parte a compradores europeos (EE. UU. proveyó 61.000 M m³ de GNL a Europa ese año[17]). Además, EE. UU. aprobó incentivos masivos (Inflation Reduction Act) para renovables y vehículos eléctricos, tratando de ganar autonomía tecnológica. Sin embargo, también buscó aliados: firmó con la UE un pacto de importación energética (gas, petróleo, uranio por $750.000 M hasta 2026)[32], diseñado más como compromiso político que solución real, y criticado por expertos por contradecir la transición[33].

-Unión Europea: Busca romper su dependencia rusa. En 2022 prohibió el carbón ruso y redujo drásticamente el gas ruso (~–75% respecto a 2019)[13]. Ha intensificado inversiones en renovables (Fit-for-55) y en redes de hidrógeno, pero enfrenta dilemas de corto plazo. El citado pacto UE‑EE. UU. busca asegurar suministros urgentes, pero preocupa que disminuya el foco en las renovables europeas[30]. La UE promueve además la diversificación de proveedores de minerales (alianzas en LatAm y África) y financia infraestructura climática en socios.

-Rusia: Después de las sanciones, redirige sus energéticos a Asia. El nuevo gasoducto a China es clave para sortear la pérdida de Europa. También ha aumentado ventas de petróleo a India y China a precios con descuento. Paralelamente, Rusia amplía su influencia política en África (Sudán, RD Congo) asegurando acuerdos en minería y petróleo a cambio de apoyo militar o político. Sin embargo, sus ingresos energéticos netos han caído por los recortes occidentales, obligándola a buscar nuevos aliados (por ejemplo, en Oriente Medio y Asia Central) y a impulsar proyectos nucleares en el extranjero.

La ciencia ya proyecta la extinción de muchas otras vidas: por ejemplo, se estima que el 99% de los pingüinos emperador desaparecerá para el 2100 si no se reducen drásticamente las emisiones de carbono[1]. No obstante, en los discursos oficiales casi nunca se aplica el mismo método de “pronóstico” a los seres humanos, como si viviéramos al margen del resto de la biosfera. En este contexto, organismos internacionales (ONU, OMS, etc.) establecen agendas globales (Agenda 2030 de ODS, Acuerdo de París, etc.), pero su implementación real depende de cada país[2][3]. Por ejemplo, en el Acuerdo de París “cada Parte prepare, comunique y mantenga” sus propios compromisos climáticos[2], y aunque 190 de 193 países han presentado planes voluntarios para los ODS[3], la brecha entre metas y acciones sigue ampliándose. Según la SDSN, menos del 20% de las metas ODS se cumplirá a tiempo[4], y solo el 17% de los objetivos de la Agenda 2030 registra avances positivos[5][6]. La ONU califica este progreso de “alarmantemente insuficiente”, advirtiendo que la falta de paz y la crisis climática están “socavando el desarrollo” global[7][5]. En resumen, los compromisos internacionales apenas son sólidos en papel pero dependen de la voluntad política nacional a un desfase temporal mucho mayor al margen sensato previsto.

Los conflictos armados agravan dramáticamente la crisis climática. Cálculos independientes señalan que las fuerzas armadas del mundo emiten unos 2.750 millones de toneladas de CO₂ anuales, equivalentes al 5,5% de las emisiones globales[8]. En otras palabras, si los ejércitos formaran un solo país, serían el cuarto mayor emisor mundial, por delante de Rusia[8]. La cobertura mediática ha documentado este fenómeno: por ejemplo, RTVE reporta que las emisiones militares globales duplican a las de la aviación comercial[9]. Además del dióxido de carbono, la guerra destruye ecosistemas enteros: bombardeos e incendios liberan partículas tóxicas y quiebran sumideros naturales. Sólo en el primer año de la guerra en Ucrania se liberaron 100 millones de toneladas de CO₂ por las operaciones militares y sus consecuencias[10]. Estos daños prolongan el calentamiento (incendios de bosques), contaminan aguas y suelos (combustibles, explosivos) y multiplican la huella ambiental del conflicto. En conjunto, los intereses estratégicos y bélicos (rearme, guerras regionales, rivalidades entre potencias) se traducen en un impacto ecológico inmenso que pocas veces se contabiliza en los balances oficiales de emisiones[9][8].

Gran parte de la humanidad insiste en verse fuera de la naturaleza. Investigaciones de la Universidad Northeastern han documentado el concepto de “excepcionalismo humano”: la creencia de que los humanos existen independientemente de los ecosistemas[11]. Según esos estudios, este sesgo es especialmente fuerte en sociedades “occidentales, educadas, industrializadas, ricas y democráticas”[12]. En la práctica, ello significa confiar en que la tecnología resolverá los problemas (“descarbonizaremos” la economía, construyendo infraestructuras verdes, etc.) mientras se minimizan las amenazas urgentes. Así, muchas naciones acomodadas enfocan recursos en agendas de largo plazo y liberación tecnológica, a costa de atender con urgencia las necesidades básicas (salud, alimentación, paz). Esta comodidad relativa hace que se consideren prioritarios problemas “abstractos” (reducción de emisiones, crecimiento verde) en lugar de los desafíos inmediatos de supervivencia humana. De ese modo, aunque disponemos de datos demoledores sobre extinciones programadas[1], es raro ver debates públicos sobre el pronóstico de nuestra propia especie.

Las tensiones geopolíticas recientes incrementan el riesgo de un conflicto a gran escala. En 2025, tras ataques contra instalaciones nucleares iraníes, el canciller ruso Sergei Lavrov advirtió que “la Tercera Guerra Mundial podría estar muy cerca”[13]. Esta declaración, acorde con las preocupaciones expresadas por Putin en foros internacionales, subraya que la suma de enfrentamientos en Ucrania, Oriente Medio y tensiones EE.UU.-China crea un escenario muy inestable. Analistas e incluso modelos de inteligencia artificial han señalado que la combinación de múltiples frentes abiertos, intereses energéticos y arma nuclear recuerda al período de mayor confrontación de la Guerra Fría[14]. En esos estudios se enumeran ciudades clave (Washington, Nueva York, Londres, París, Moscú, Pekín, etc.) como potenciales blancos estratégicos en un choque global[14]. Todo esto obliga a considerar escenarios extremos en cualquier pronóstico a futuro: un enfrentamiento directo entre potencias mundiales multiplicaría las catástrofes ambientales y humanas descritas aquí.

Los efectos combinados de clima y conflictos generan una crisis humanitaria masiva. En 2025 se estima que 305 millones de personas necesitarán ayuda sanitaria urgente, según la OMS[15]. La organización enfatiza que “los conflictos, el cambio climático, las epidemias y los desplazamientos están convergiendo para provocar una crisis sanitaria mundial sin precedentes”[15][16]. En consecuencia, los sistemas de salud están “al límite” de su capacidad[17], incapaces de atender tantas emergencias simultáneas. Paralelamente, la ONU reporta casi 120 millones de desplazados a mediados de 2024[18], forzados a huir por guerras o crisis ambientales. ACNUR destaca que la mayoría de estos refugiados procede de países extremadamente vulnerables al clima y termina en campamentos superpoblados, “donde el acceso a servicios básicos es limitado”[19]. En suma, la escasez de recursos sanitarios y la falta de infraestructura para migrantes agravan la vulnerabilidad global. Sin una voluntad política decidida de los gobiernos (tema de la siguiente investigación), millones de personas quedarían sin atención médica básica en los escenarios de crisis previstos.

-Compromisos internacionales: Los acuerdos globales (Agenda 2030, Acuerdo de París) dependen de medidas estatales. Aunque casi todos los países han presentado sus planes nacionales[3], solo el 17% de las metas ODS avanza satisfactoriamente[5][7]. Esto refleja que la ejecución de políticas sostenibles está supeditada a la voluntad política de cada Estado[2].

-Contaminación militar: La industria de guerra incrementa brutalmente las emisiones. Estudios calculan que los ejércitos del mundo sueltan el 5,5% del CO₂ global[8][9], lo cual los ubicaría como cuarto mayor emisor planetario. Además de gases, los combates destruyen ecosistemas y liberan otros contaminantes (incendios, metales pesados).

-Visión antropocéntrica: Predomina la idea de que los humanos estamos separados de la naturaleza[11]. Ese sesgo permite aplazar acciones colectivas urgentes y priorizar soluciones técnicas (descarbonización, geoingeniería) por sobre medidas de supervivencia inmediata.

-Riesgo de guerra mundial: Las recientes declaraciones de líderes globales y simulaciones de inteligencia artificial muestran un incremento real de tensión entre potencias[13][14]. Si las rivalidades en Ucrania, Oriente Medio y Pacífico degeneran, podríamos enfrentar combates directos entre grandes ejércitos.

-Infraestructura y ecosistema tecnológico: Centros de datos seguros: deberian estar en países con estabilidad política y bajo riesgo belico, baja exposición a desastres climáticos (inundaciones, incendios, huracanes), acceso a redes eléctricas robustas. Pero en materia de cadenas de suministro globalizadas: los chips de IA dependen de TSMC (Taiwán), ASML (Países Bajos), Nvidia/AMD (EE.UU.), Samsung (Corea). Un conflicto en Taiwán o el Mar de China paralizaría entrenamientos de modelos en todo el planeta. También Interconexión global: internet depende de cables submarinos que cruzan océanos. Estos son vulnerables a sabotajes, conflictos bélicos o catástrofes naturales. Su fragilidad convierte al acceso digital en un “lujo geopolítico”, no un derecho garantizado. Lo que está en riesgo no es solo la continuidad de la vida humana como especie, sino la calidad de vida necesaria para sostener ecosistemas tecnológicos avanzados, que colapsarian mucho antes que la raza humana.

-Crisis sanitaria y migraciones: El impacto combinado de conflictos y cambio climático ya produce 120 millones de refugiados (2024)[18]. La OMS estima que 305 millones necesitarán ayuda de emergencia en 2025[15]. Muchos desplazados viven en campamentos precarios sin servicios médicos[19]. Esto revela un panorama social donde la falta de recursos y la desigualdad pone en jaque la salud pública y, en última instancia, la capacidad de la especie para sobrevivir.

- Otros Factores: Antibioticos y microplásticos; Si la resistencia a antibióticos sigue creciendo, enfermedades antes curables podrían volver a ser grandes amenazas, especialmente en países con pobre acceso a salud, lo que reduce la expectativa de vida y calidad de vida sumado a la acumulación de microplásticos y nanoplásticos en órganos vitales tanto de personas como de animales prepara un escenario en que enfermedades crónicas, problemas reproductivos, daño neurológico, etc., exacerben desigualdades sanitarias.

En suma, estos fenómenos —AMR y contaminación plástica corporal— son indicadores tempranos de que la vida humana sostenible ya se está deteriorando en varios frentes, no solo climáticos.

La Lista Roja de la UICN registra hoy unas 41.000 especies amenazadas de extinción (≈28% de todas las especies evaluadas).

Desde el año 2000, varias especies icónicas ya fueron declaradas extintas en estado silvestre o totalmente extintas, como el pez remo chino (Psephurus gladius), el delfín del Yangtsé (baiji) y varias ranas y aves insulares.

Entre los mamíferos marinos, el 26% de las especies de cetáceos está en riesgo, con casos extremos como la vaquita marina (<10 individuos) o la ballena franca del Atlántico Norte (~372 individuos).

Entre los insectos, las abejas silvestres muestran un declive del 39% en riqueza de especies y del 62,5% en abundancia en apenas 15 años; en Europa, un 9% ya está oficialmente amenazado.

Los arrecifes de coral, soporte de un cuarto de la vida marina, tienen un 44% de especies clasificadas como amenazadas; si el calentamiento supera 1,5 °C, hasta un 90% de los arrecifes podría desaparecer antes de 2050.

Ejemplos de especies terrestres al borde: orangután de Sumatra, tortuga carey, rinoceronte blanco del norte (ya funcionalmente extinto).

Proyecciones científicas estiman que, sin cambios drásticos, entre una cuarta parte y un tercio de todas las especies conocidas podrían extinguirse para 2050–2100.

-En conjunto, estos factores sugieren un pronóstico pesimista para la vida humana en ausencia de cambios drásticos. El fracaso en cumplir la Agenda 2030, la escalada de las guerras, el consumismo acomodado y los sesgos culturales dominantes configuran un futuro con muy alta incertidumbre. De seguir así, la humanidad podría enfrentar una amenaza existencial parecida a la que pronosticamos para otras especies. Cualquier revalorización de la Agenda 2030 o meta ambiental quedará corta si no va acompañada de profunda voluntad política global para intentar evitar una clara tendencia que apunta a una pérdida masiva de biodiversidad comparable a una extinción masiva geológica.

Resumen: A continuación se presentaran 15 aspectos considerados de vital importancia en la especulación de cualquier pronostico a futuro.

-Por qué es crítico: El avance de la automatización (incluida la IA generativa) puede desplazar una parte sustancial de la fuerza laboral y reestructurar la economía mundial[1][2]. Por ejemplo, la OCDE calcula que en las ciudades más avanzadas el 32 % de los empleos está expuesto a IA generativa (vs. 21 % en zonas rurales)[1]. El FMI advierte que ~40 % del empleo global podría verse afectado por IA (hasta 60 % en países avanzados)[2]. Estos cambios acelerarán las brechas socioeconómicas, presionarán los sistemas de salud (telemedicina, desplazamiento de profesionales) y drenarán la estabilidad social al aumentar el desempleo estructural.

-Indicadores actuales: Se evalúa mediante la proporción de empleos automatizables y el crecimiento de la capacidad de cómputo. En México ~19 % de los trabajadores tienen tareas altamente automatizables (frente a 12 % promedio OCDE)[3]. El Foro Económico Mundial prevé que la IA desplazará 85 millones de empleos mundiales para 2025 (creando 97 millones)[4]. Otros indicadores relevantes son el ritmo de inversión en robótica/IA, el porcentaje de PIB invertido en I+D tecnológica, y la cantidad de software/hardware avanzado desplegado en industria y servicios.

-Relación con ejes previos: Se entrecruza con la infraestructura crítica, pues sistemas inteligentes controlan redes eléctricas, transporte y cadenas de suministros; con la descarbonización, pues la eficiencia energética de nuevas tecnologías puede reducir emisiones, aunque una industria automatizada crece en demanda eléctrica; con el acceso sanitario, ya que la robótica médica y la salud digital dependen de IA; con la desinformación, dado que IA produce deepfakes e información falsa, alimentando el colapso informacional; e incluso con las migraciones, puesto que la pérdida masiva de empleos puede forzar movimientos de población.

-Conexiones y riesgos concatenados: La automatización intensifica la demanda de materias primas críticas (litio, cobalto, etc.) para fabricar baterías y semiconductores, enlazando este asunto con los recursos naturales y la geopolítica. El desempleo tecnológico puede agravar la desigualdad y la polarización política, facilitando el surgimiento de conflictos sociales. Asimismo, una fuerza laboral envejecida (demografía) y digitalmente rezagada tenderá a migrar o a quedar al margen económico, creando un ciclo donde IA – desempleo – migración interactúan con crisis financieras (p. ej. menor recaudación tributaria) y con la presión sobre servicios públicos.

-Por qué es crítica: Niveles elevados de desigualdad afectan la cohesión social, la salud pública y la capacidad de respuesta ante crisis. Las brechas económicas reducen la resiliencia de la población frente a shocks (económicos, climáticos o sanitarios). El Banco Mundial reporta que en 2022 unas 712 millones de personas vivían en pobreza extrema (23 millones más que en 2019)[5]. Altas desigualdades alimentan la inestabilidad política y pueden derivar en conflictos internos o internacionales, minando el pronóstico de calidad de vida de la humanidad.

-Indicadores actuales: Entre los más relevantes están el coeficiente de Gini, la fracción de la población bajo líneas de pobreza, y la evolución del 10 % superior vs. inferior de ingresos. El Gini global osciló en torno a 62 en 2019, tras años de reducción, pero la COVID-19 revirtió parte de ese progreso[6]. Asimismo, se miden indicadores asociados: tasa de desempleo, brecha de ingresos urbanos/rurales y vulnerabilidad de clase media. Datos del PNUD y OCDE confirman que la desigualdad se está estancando o aumentando en muchos países, aun cuando decrece en otros.

-Relación con ejes previos: La desigualdad se conecta con la descarbonización (países pobres sufren más las consecuencias del cambio climático y tienen menos recursos para adaptarse), con los conflictos bélicos (sectores marginados favorecen reclutamiento de grupos armados o reclamos sociales), con la infraestructura crítica (infraestructura deficiente suele encontrarse en zonas pobres) y con el acceso sanitario (los más pobres tienen menor cobertura de salud). Además, impulsa migraciones económicas masivas: la falta de oportunidades empuja a la población a desplazarse. La inequidad también cristaliza en colapso informacional: grupos vulnerables pueden ser blanco fácil de desinformación o manipulación política.

-Conexiones: La desigualdad refuerza otros riesgos. Por ejemplo, en combinación con el envejecimiento poblacional, amplía la carga sobre servicios públicos (menos trabajadores por pensionista), agrava crisis de deuda pública (menor base tributaria) y limita la inversión en clima/tecnología. Sociedades polarizadas económicamente son más proclives a populismos autoritarios, interrelacionando este tema con la desinformación y la erosión democrática. Asimismo, la pobreza alimenta la presión sobre los ecosistemas (deforestación para agricultura de subsistencia) y contrapone escasez de recursos vitales con expoliación ambiental, generando vínculos no lineales con biodiversidad y crisis alimentaria.

-Por qué es crítico: La estructura poblacional determina la demanda de recursos y la capacidad productiva a futuro. Proyecciones recientes (IHME) muestran que la población mundial alcanzará ~9.7 mil millones en 2060 y luego declinará a 8.8 mil millones en 2100[7]. Para ese entonces, la mayoría de habitantes tendrá más de 50 años y habrá más personas de 80 años que de 20[8]. Una sociedad tan envejecida implica menor fuerza laboral disponible, mayores costos sanitarios y de pensiones, y una economía global notablemente distinta. Estos cambios demográficos son críticos para anticipar necesidades sociales y tecnológicas futuras.

-Indicadores actuales: Se monitorean la tasa de crecimiento anual, la tasa global de fertilidad (que en muchos países cae por debajo del nivel de reemplazo), la esperanza de vida y el ratio de dependencia (número de personas mayores por trabajador). La disminución de la tasa de natalidad –en parte por mejor educación femenina y acceso a anticoncepción– y el aumento de la longevidad son señales claras. Por ejemplo, varios países desarrollados reportan menos de 2 hijos por mujer, mientras que África subsahariana mantiene altas tasas. El aumento en la proporción de adultos mayores se mide también con la edad media global, que ha subido varias décadas en los últimos 50 años.

-Relación con ejes previos: El envejecimiento afecta directamente el acceso sanitario, pues aumenta la demanda de atención médica crónica. Requiere rediseñar infraestructura crítica (hospitales geriátricos, hogares de ancianos, transporte inclusivo). En economía, pesa sobre la deuda pública (más gasto en pensiones) y sobre el mercado laboral (escasez de personal para industria/servicios). Las sociedades envejecidas también inciden en la migración: muchas economías podrían depender de inmigrantes jóvenes para equilibrar las pensiones y mano de obra. En el ámbito tecnológico, un cambio demográfico tan marcado impulsa la automatización (robots cuidadores, etc.) y revalora tecnologías de salud avanzada. En síntesis, la demografía conecta transversalmente con salud, migraciones, economía y tecnología.

-Conexiones: Existe un efecto multiplicador con otros riesgos. Por ejemplo, al coincidir con recursos limitados (agua, alimentos) puede generar tensiones: poblaciones más viejas consumen patrones diferentes (por ejemplo, mayor demanda de medicamentos), pero menos trabajadores pueden innovar soluciones rápidas. El envejecimiento agrava la desigualdad generacional (jóvenes endeudados frente a jubilados acomodados), lo cual puede desatar conflictos sociales. Además, países con población juvenil excesiva sin empleo (lo opuesto demográfico) pueden sufrir migraciones masivas o inestabilidad política, relacionando demografía con conflictos y migración.

-Por qué es crítica: Las pandemias representan choques devastadores para la civilización moderna: causan millones de muertes súbitas, colapsos temporales de sistemas de salud y parálisis económica global. La COVID-19 demostró cómo un virus surgido en un país puede propagarse rápido y desestabilizar el mundo entero. Estudios estiman que la probabilidad anual de otra pandemia mortal ronda 2–3%, lo que implica cerca del 50% de ocurrencia en las próximas 25–30 años[9]. Además, la creciente resistencia antimicrobiana (antibióticos menos efectivos) es otro riesgo sanitario mayor[10]. Ignorar este asunto desestima la principal amenaza biosanitaria del futuro.

-Indicadores actuales: Los indicadores incluyen la tasa de mortalidad de enfermedades infecciosas, el % de población vacunada, y la evolución de la resistencia a medicamentos. Por ejemplo, la OMS advierte que las bacterias multirresistentes están en aumento y la mayoría de nuevos antibióticos en desarrollo no es innovadora[10]. Adicionalmente, se vigila el número de patentes de vacunas/drogas, el presupuesto global en salud pública y la proliferación de laboratorios de alto nivel de bioseguridad. También se monitorean las condiciones de los mercados de vida silvestre (fuente común de zoonosis) y la cobertura sanitaria global (porcentaje de población con acceso a servicios básicos de salud).

-Relación con ejes previos: Impacta directamente el acceso sanitario y el colapso sanitario: una pandemia masiva puede saturar hospitales (como se vio), afectando por ejemplo la capacidad de tratar también enfermedades no infecciosas. A su vez, un escenario de pandemia interacciona con infraestructura crítica (parálisis de transporte, caída del turismo, interrupción de cadenas de suministro). También se conecta con la migración: restricciones de movilidad o crisis en zonas afectadas generan oleadas de refugiados. En el ámbito climático y de biodiversidad, la propagación de enfermedades como dengue o malaria está vinculada al cambio climático (áreas cálidas expandidas) y a la deforestación (mayor contacto humano-animales), enlazando la salud global con ecosistemas y descarbonización.

-Conexiones: Las pandemias pueden concatenarse con otros riesgos no lineales. Por ejemplo, una crisis sanitaria simultánea con un colapso financiero empeora ambos (“shock gemelo”), ya que los recursos de emergencia (hospitals, redes de seguridad social) se agotan. Pandemia y desinformación interactúan: la difusión de información errónea sobre vacunas alimenta crisis sanitarias (conexión con colapso informacional). La biotecnología (vacunas, terapias genéticas) es clave para mitigar pandemias, enlazando este asunto con avances científicos. Asimismo, el deterioro de la salud pública exacerba la vulnerabilidad frente a desastres climáticos o bélicos, encadenando riesgos en un mundo interdependiente.

-Por qué es crítica: Las tecnologías biológicas emergentes (edición genética, síntesis de nuevos organismos, biología sintética) ofrecen enormes beneficios (nuevos fármacos, cultivos resistentes, biocombustibles), pero también elevan el riesgo de crear patógenos peligrosos por accidente o bioterrorismo. Un informe reciente alerta que la ingeniería de patógenos letales es factible hoy en laboratorios estándar[11]. Además, 75 % de los países no cumplen con metas internacionales de bioseguridad[12]. Esto hace de la biotecnología un factor crítico: sus aplicaciones afectan directamente la vida humana y la biosfera, pero su mal manejo podría desencadenar catástrofes sanitarias.

-Indicadores actuales: Se utilizan métricas como el número de laboratorios de bioseguridad de alto nivel (BSL-3/4), inversiones en biotecnología y bioseguridad, y la cantidad de nuevas terapias génicas aprobadas. También se mide la proliferación de estudios de biología sintética y la capacidad técnica para modificar organismos (por ejemplo, secuencias de ADN sintetizadas o editadas anualmente). Organismos como la ONU (OMS) rastrean la adopción de acuerdos internacionales (CDB – Protocolo de Bioseguridad) y la preparación nacional ante bioviejos. El ritmo de publicación científica en áreas como CRISPR/Cas o Inteligencia Artificial aplicada a biología son indicadores indirectos de la potencia biotecnológica disponible.

-Relación con ejes previos: Se vincula directamente con el acceso sanitario (se anticipan nuevas curas y -vacunas), y también con conflictos bélicos/geopolíticos (posible uso de armas biológicas como táctica o contramedida). Asimismo, toca la biodiversidad: organismos modificados podrían escaparse de laboratorios y afectar ecosistemas (p. ej. parásitos, virus y bacterias resistentes o especies invasoras genéticas). En el ámbito informativo, la biotecnología puede ser blanco de desinformación (teorías conspirativas sobre vacunas genéticas). En suma, la bioseguridad es un cruce entre salud pública, tecnologías futuristas y gobernanza global.

-Conexiones: Los avances biotecnológicos interactúan con otros riesgos de forma concatenada. Por ejemplo, una pandemia previa puede acelerar la inversión en biotecnología (como sucedió con las vacunas COVID) – un lazo no lineal. A la vez, la proliferación de tecnologías de biología sintética podría alimentar la inestabilidad política (desconfianza en instituciones) y sumarse a la agenda de amenazas nucleares/biológicas de actores estatales o terroristas. Asimismo, el cambio climático modifica los hábitats de vectores (mosquitos, ratas) y nuevas tecnologías pueden crear soluciones (p. ej. mosquitos gene-editados), vinculando biotecnología con cambios ambientales.

-Por qué es crítico: Las sociedades modernas dependen críticamente de infraestructuras digitales – redes eléctricas inteligentes, sistemas financieros en línea, telecomunicaciones y datos en la nube. Un ataque cibernético masivo podría paralizar la vida diaria y propagar caos (“apagones digitales”), tal como un atentado físico. En 2023 los reportes globales de ciberdelitos alcanzaron 880,000 incidentes solo en EE. UU., con pérdidas por $12.5 mil millones[13]. Estas amenazas incluyen ransomware, hackeos a hospitales, interferencia electoral y robo de propiedad intelectual. La magnitud de los ataques crece cada año (p. ej. +28 % de incidentes por organización en 2024[14]), haciendo de la ciberseguridad un tema esencial para garantizar la continuidad de la civilización tecnológica.

-Indicadores actuales: Se miden la cantidad de brechas de seguridad reportadas, el costo global del cibercrimen (aproximadamente $12.8 mil millones en 2023, con previsiones que triplican esa cifra hacia 2027[14]) y la inversión en defensa cibernética. Organismos como la UE y la OTAN evalúan el nivel de protección de infraestructuras críticas; asimismo, índices globales de conectividad e innovación digital (por ejemplo, penetration de 5G o IoT) indican la exposición al riesgo. Estadísticas de acceso a internet, velocidad promedio de red y número de dispositivos conectados reflejan indirectamente el tamaño del “blanco” contra ataques.

-Relación con ejes previos: Está ligado directamente a infraestructura crítica: energía, agua, transporte y hospitales hoy dependen de sistemas digitales. Un ciberataque masivo a la red eléctrica afectaría la descarbonización (si paraliza plantas renovables o redes de carga de vehículos eléctricos), y dañaría el acceso sanitario (hospitales sin sistemas informáticos). También es una faceta del conflicto geopolítico moderno: ciberguerra entre estados (ataques a satélites, redes de defensa, etc.) es ya una realidad. A nivel social, el hackeo de plataformas de información interfiere con la lucha contra la desinformación: la manipulación de contenidos depende de fallas en seguridad cibernética.

-Conexiones: El riesgo cibernético se cruza con prácticamente todos los demás. Por ejemplo, una red eléctrica comprometida puede agravar situaciones de contaminación del aire (si obliga a usar generadores fósiles) o interrumpir la cadena de suministro de materias primas críticas. La exposición digital incrementa la brecha de desigualdad tecnológica: zonas rurales o pobres suelen tener ciberprotección débil, entrelazando este asunto con la inequidad. En un contexto de pandemia, los sistemas de rastreo y vacunas basados en datos (Big Data) necesitan infraestructura segura; su falla profundizaría crisis sanitarias. En resumen, el ciberespacio actúa como una arteria vital que, de cortarse, disemina efectos no lineales hacia la economía, la salud y la estabilidad geopolítica.

-Por qué es crítico: El alto endeudamiento mundial limita la capacidad de los países para responder a crisis y financiar desarrollos futuros. En 2024 la deuda pública global superó los $100 billones (≈93 % del PIB mundial)[15], y podría alcanzar el 115 % del PIB en solo tres años bajo escenarios adversos[16]. Esta carga enorme indica que muchos gobiernos ya destinan más recursos a intereses que a salud o educación: 3.400 millones de personas viven en países que gastan más en intereses de deuda que en servicios básicos[17][18]. Un crack financiero sistemático –por impago masivo o inflación desbocada– desencadenaría recesión global, erodiría el bienestar y causaría inestabilidad civil.

-Indicadores actuales: Las principales métricas son la relación deuda/PIB de cada país, el costo del servicio de la deuda (intereses sobre ingresos fiscales) y los niveles de endeudamiento en sectores clave (privado vs. público). Por ejemplo, UNCTAD reporta que en 2024 61 países gastaron más del 10 % de sus ingresos públicos solo en intereses[19]. Se monitorean además las calificaciones crediticias soberanas, la prima de riesgo de los bonos estatales y los índices bursátiles mundiales (indicadores de tensión financiera). Organismos financieros internacionales (FMI, Banco Mundial) publican regularmente proyecciones de crecimiento e inflación que reflejan el panorama de deuda.

-Relación con ejes previos: Una crisis financiera impacta todos los sectores. En descarbonización, reduce el financiamiento de energías limpias y adaptaciones climáticas; en infraestructura crítica, obstaculiza inversiones en redes eléctricas o transporte público; en acceso sanitario, compromete los presupuestos de salud pública. Asimismo, crisis económicas severas pueden inducir conflictos sociales y geopolíticos (protestas por recortes, estallidos en países fragilizados). El endeudamiento desmedido agrava la desigualdad, pues las crisis financieras suelen castigar a los más pobres. También provoca migraciones masivas: crisis económicas históricas (como en 2008) disparan la emigración laboral.

-Conexiones: La deuda global está entrelazada con otros riesgos de modo concatenado. Por ejemplo, una recesión (riesgo financiero) puede acelerar la pobreza extrema (desigualdad) y empeorar la salud pública, creando un bucle de retroalimentación entre economía y bienestar. Los altos costos de la deuda limitan las medidas de estímulo ante desastres climáticos o pandemias, potenciando efectos no lineales conjuntos (p. ej. recesión + huracán). Además, la reconstrucción post-conflicto requiere enormes recursos; países muy endeudados no podrían soportar dicha carga, lo que vincula el riesgo financiero con la proyección de conflictos armados.

-Por qué es crítica: La credibilidad del conocimiento público es fundamental para la toma de decisiones sociales y políticas. El fenómeno de la desinformación genera desconexión ciudadana y dificulta respuestas colectivas ante emergencias (p. ej. negacionismo científico). Según el Instituto Reuters, cuatro de cada diez personas a nivel global evita noticias con frecuencia[20], mientras más del 60 % desconfía de gran parte de los contenidos en internet[21]. Estos datos reflejan un alarmante colapso informacional: la población no confía en los medios ni distingue la verdad, erosionando la base de la democracia y la cooperación social.

-Indicadores actuales: Se utilizan encuestas de confianza en medios y datos de consumo informativo. El informe Reuters 2024 muestra que solo ~50 % de los encuestados a nivel global confía en la mayoría de las noticias, con caídas continuas año tras año[20]. También se miden la difusión de bulos en redes sociales (por ejemplo, la proliferación de conspiraciones sobre salud pública o elecciones) y la presencia de información verificada. Índices de polarización (como la brecha de opiniones extremas en encuestas) son otro indicador indirecto. La actividad de bots y cuentas automatizadas para propagar noticias falsas se rastrea técnicamente como señal de vulnerabilidad informativa.

-Relación con ejes previos: La desinformación se entrelaza con todos los demás temas. En conflictos bélicos, la propaganda y noticias falsas radicalizan a las poblaciones y dificultan la diplomacia. En pandemias y salud, la circulación de mentiras sobre vacunas o tratamientos degrada la efectividad de las campañas sanitarias. También impacta la descarbonización: la negación del cambio climático o las teorías anti-renovables retrasan políticas limpias. En el plano social, la desconfianza alimenta la polarización política y debilita las instituciones democráticas (vinculación con gobernanza). Finalmente, la fiabilidad de los sistemas digitales (eje de infraestructura crítica) depende de la calidad de la información que circula en ellos.

-Conexiones: La desinformación amplifica riesgos concatenados: por ejemplo, en un escenario de crisis climática, la división informativa puede impedir acuerdos internacionales coordinados, exacerbando el problema ambiental. Asimismo, las campañas de desinformación pueden vincularse con interferencia extranjera (ciberataque + fake news), combinando ejes ciberseguridad e información. La polarización resultante alimenta movimientos extremos, conectando este asunto con la erosión democrática y potenciando inestabilidad social. Como consecuencia, combatir la desinformación es esencial para cualquier pronóstico futurista creíble.

-Por qué es crítico: Las armas nucleares representan la amenaza existencial máxima. Su mera posesión y modernización perpetuas un riesgo de guerra cataclísmica o accidente planetario (nuclear winter). El SIPRI reporta que a enero de 2025 existen 12,241 ojivas nucleares en el mundo (de las cuales 9,614 son operativas)[22]. Estados Unidos y Rusia concentran juntas ~90 % de estas ojivas, manteniendo miles en alerta inmediata. Peor aún, la tendencia reciente es al aumento de los arsenales: programas de modernización nuclear en los nueve estados poseedores de armas están en marcha[23][24]. Este viraje rompe décadas de reducción gradual y plantea un enorme riesgo para la vida humana y la estabilidad global.

-Indicadores actuales: Miden la cantidad de ojivas desplegadas/desmanteladas, presupuestos militares nucleares y ejercicios militares nucleares. El número total de warheads existentes, así como los que están “listos” (sobre misiles o submarinos) proporcionan señales de cuánto se podría usar en un conflicto. Tratados y su estado (p. ej. expiración o extensión de START) también funcionan como métricas cualitativas. La inversión en misiles balísticos intercontinentales, en submarinos nucleares y en defensa antimisiles es otro indicador de la carrera actual. Además, encuestas internacionales de percepción de riesgo nuclear (como los sondeos de DOOMSDAY Clock) reflejan la conciencia pública sobre este peligro.

-Relación con ejes previos: La proliferación nuclear guarda relación con conflictos bélicos/geopolíticos: cada tensión regional aumenta el riesgo de confrontación nuclear (por ejemplo, tensiones EEUU-Rusia o India-Pakistán). En términos medioambientales, una guerra nuclear produciría cambios climáticos extremos (cenizas en atmósfera), relacionando este asunto con la descarbonización y ecología. También afecta la infraestructura crítica: un ataque nuclear destruiría redes eléctricas, sanitarias y de comunicación en zonas enteras, colapsando de inmediato la vida tecnológica. La existencia de armas nucleares influye en las migraciones (refugio masivo ante un ataque potencial) y en la salud pública (enfermedades radiactivas). Es un eje que, por su magnitud, permea todos los demás.

-Conexiones: La carrera nuclear se conecta de modo no lineal con otros riesgos. Por ejemplo, la producción y modernización de armas nucleares compite con la inversión en energías limpias (descarbonización) y salud, afectando el pronóstico económico y social. Además, los mismos adelantos en inteligencia artificial o biotecnología pueden ser aplicados a la defensa nuclear (sistemas de lanzamiento autónomos, armas acústicas) o simetrías de riesgo (ojiva autónoma vs virus digital), atando ejes de tecnología y bioseguridad con lo nuclear. Finalmente, la retórica agresiva de los arsenales nucleares actuales correlaciona con el deterioro democrático y la confianza pública: regímenes autoritarios tienden a incrementar su arsenal, fusionando este asunto con la polarización política global.

-Por qué es crítico: La tecnología del futuro –energía renovable, vehículos eléctricos, redes inteligentes, electrónica avanzada– depende de minerales específicos (litio, cobalto, grafito, tierras raras). Muchos de estos se concentran en pocos países, creando vulnerabilidades geopolíticas. Por ejemplo, Bolivia, Argentina y Chile aportan más del 85 % de las reservas mundiales de litio[25]. La República Democrática del Congo produjo en 2023 el 73.9 % del cobalto global[26] (y posee 54.55 % de las reservas mundiales)[26]. Además, China controla gran parte del refinamiento de estos minerales críticos (por ejemplo, refina ~79 % del cobalto mundial[27]). Esta dependencia puede desestabilizar el suministro tecnológico clave y encarecer la transición energética, elevando los riesgos económicos y estratégicos.

-Indicadores actuales: Incluyen la participación porcentual de cada país en la producción o reservas globales de cada mineral, así como la concentración de refinación y procesamiento. El precio de mercado de minerales (litio ha llegado a picos tras 2017) también es indicador de escasez. Se monitorean además iniciativas de reciclaje y sustitución de materiales (tecnologías de batería sin cobalto, por ejemplo), y los niveles de inversión en minería crítica. Índices como el “Criticality Index” de la UE clasifican anualmente estos recursos según oferta y demanda.

-Relación con ejes previos: Las materias primas críticas alimentan directamente el eje de descarbonización: sin baterías potentes (litio, cobalto) no hay vehículo eléctrico ni almacenamiento masivo de energía limpia. También conectan con los conflictos: la lucha por recursos (p. ej. disputa por yacimientos en África) puede generar tensiones o incluso guerras “híbridas”. Desde la perspectiva de la infraestructura crítica, una escasez repentina bloquearía la construcción de redes eléctricas inteligentes y parques eólicos/solares. En economía, al alzarse los precios de estos recursos, aumenta la presión inflacionaria y la deuda de países importadores. Adicionalmente, la minería intensiva plantea retos ambientales (sitios contaminados, deforestación), interfiriendo con la biodiversidad y la salud local.

-Conexiones: Las cadenas de suministro globales ligan este tema con prácticamente todos los demás. Por ejemplo, la transición a energías renovables (descarbonización) exige minerales que generan desplazamientos humanos (migración desde zonas mineras) y conflictos locales; ello a su vez se cruza con la gobernanza (reparto de beneficios). En un escenario de guerra grande, el acceso a minerales críticos sería un factor estratégico (conexión con la guerra nuclear). La escasez simultánea de varios materiales (pensemos en escasez de fosfatos para fertilizantes) puede detonar crisis alimentarias, combinando este asunto con la seguridad alimentaria. En resumen, la volatilidad en suministro de estos recursos puede desencadenar efectos en cascada desde la economía mundial hasta la supervivencia tecnológica de la civilización.

-Por qué es crítico: La calidad del gobierno y la cohesión social determinan la capacidad de enfrentar desafíos complejos. Informes recientes (V-Dem 2024) muestran que hoy ~71 % de la población vive bajo regímenes autocráticos (contra 48 % hace una década)[28]. Al mismo tiempo, el número de democracias liberales cayó de 43 en 2012 a 32 en 2023[29]. Este retroceso disminuye los controles institucionales y la rendición de cuentas, dificultando acciones coordinadas globales (clima, pandemias) y promoviendo populismos. La polarización política, derivada de narrativas extremas e identitarias, genera inestabilidad. En un mundo cada vez más interdependiente, la fragilidad de la democracia y la erosión de la confianza en las instituciones son amenazas directas al futuro de la civilización.

-Indicadores actuales: Se usan índices de democracia (p. ej. el Democracy Index de la EIU o V-Dem) y encuestas de percepción ciudadana. El número de elecciones libres competitivas, la prensa independiente y las libertades civiles también se miden anualmente. Aparte, se cuantifica la polarización electoral (fragmentación de votantes extremos) y la participación ciudadana. Encuestas globales de opinión revelan mayores simpatías por soluciones “fuertes” o autoritarias cuando hay frustración (por ejemplo, altos porcentajes dispuestos a respaldar líderes autoritarios[30] en países con crisis). Estos datos flagran crisis de representatividad y aumentos de xenofobia o nacionalismo que marcan los límites de la gobernabilidad.

-Relación con ejes previos: La debilidad democrática afecta la respuesta a conflictos: regímenes autoritarios tienden a recurrir primero a la fuerza que al diálogo, lo que incrementa la probabilidad de guerras. En la descarbonización, se traduce en políticas inestables: cambios de gobierno pueden revertir compromisos climáticos. La desinformación nutre la polarización, vinculando directamente este asunto con el eje informativo. En acceso sanitario, gobiernos débiles suelen tener sistemas de salud pobres, empeorando pandemias y brotes. Incluso en biodiversidad, la falta de gobernanza sólida favorece la explotación ilegal de recursos (deforestación sin control). La democracia y la transparencia son pernos transversales en el entramado de riesgos.

-Conexiones: Las crisis políticas coexisten y refuerzan otros riesgos. Por ejemplo, la polarización alimenta el clima de desconfianza que hace más difícil coordinar esfuerzos internacionales (climáticos, sanitarios, científicos). Régimenes autocráticos con énfasis militar pueden redirigir fondos de sanidad o clima hacia armamentos (conexión con gastos bélicos y nucleares). Además, la fatiga ciudadana ante la ineficacia política potencia los movimientos migratorios internos (desafección urbana) o internacionales (refugio político), enlazando este asunto con las migraciones. En escenarios de alta polarización, la probabilidad de conflictos civiles aumenta, encadenando la gobernanza con la violencia y la inestabilidad social.

-Por qué es crítico: El agua es esencial para la vida, y su escasez es ya una crisis global. La ONU estima que para 2050 al menos una de cada cuatro personas vivirá en un país con falta crónica de agua dulce[31]. En la actualidad ~40 % de la población mundial enfrenta escasez hídrica y 2.000 millones carecen de acceso a agua potable[32]. La falta de agua segura provoca enfermedades (diarreas, infecciones), hambruna (por cultivos secos) y conflictos locales (por recursos de riego). Sin una gestión eficaz del recurso, la calidad de vida se desploma y la civilización tecnológica –que necesita agua en industrias, energía y agricultura– queda comprometida.

-Indicadores actuales: Se usan el porcentaje de población con acceso a agua potable y saneamiento (ODS 6), así como datos de demanda vs. oferta hídrica. La escasez se cuantifica con el índice de estrés hídrico (porcentaje de agua extraída vs. renovable). La Organización Mundial del Agua reporta que el uso de agua dulce aumentará +40 % para 2030 debido a clima, urbanización y agricultura intensiva[31]. También se monitorean niveles de acuíferos subterráneos, caudales de ríos clave y frecuencia de sequías extremas. El número de conflictos por agua (por ejemplo, disputas transfronterizas de ríos) sirve como indicador socio-político de este riesgo.

-Relación con ejes previos: El agua une varios aspectos: es parte de la infraestructura crítica (plantas de tratamiento, acueductos); sin ella, falla el sistema sanitario (enfermedades de origen hídrico). La crisis del agua puede desencadenar conflictos bélicos locales o entre países (rivalidad por ríos transfronterizos). En migraciones, la desertización forzada causa desplazamientos de población rural a ciudades o a otros países. Además, la escasez hídrica afecta la agricultura (se exploten más terrenos o hidroeléctricas, enlazando con cambio climático). Incluso la desinformación puede influir en la gestión del agua (teorías conspirativas sobre presas, por ejemplo).

-Conexiones: Las dinámicas del agua confluyen con otros riesgos. Por ejemplo, la falta de agua reduce cosechas, potenciando la crisis alimentaria (hambruna + migración). Un país con alta deuda y escasez de agua puede entrar en inestabilidad social (combustible para protestas, hiendo con desinformación sobre el manejo de recursos). Por otro lado, el cambio climático agrava la escasez hídrica, conectando este asunto con los pronósticos de emergencias climáticas. Garantizar agua y saneamiento adecuados es un requisito previo para enfrentar con éxito pandemias, conflictos y la transición energética (centrales térmicas y renovables requieren recursos hídricos).

-Por qué es crítico: Garantizar alimentación suficiente y nutritiva es básico para la supervivencia y el desarrollo humano. Sin embargo, el hambre repunta: en 2021 ~828 millones de personas estuvieron subalimentadas (≈1 de cada 10)[33]. Además, ~3.1 mil millones no pueden costear una dieta saludable completa[34]. La inseguridad alimentaria causa deficiencias de crecimiento infantil, mortalidad y desestabiliza economías rurales. En las proyecciones futuras, eventos climáticos extremos (sequías, inundaciones) amenazan cosechas globales, haciendo de la producción y distribución de alimentos un asunto central para el pronóstico de la vida humana.

-Indicadores actuales: Se usan índices como la proporción de población desnutrida (% de calorías o proteínas insuficientes), tasas de mortalidad por hambre, índices de precios de alimentos (FAO Food Price Index) y niveles de producción agrícola mundial. Datos de la FAO muestran que la malnutrición afecta a todos los continentes, con África subsahariana liderando la inseguridad (1/5 población hambrienta)[33]. También se mide la tasa de agricultura sostenible, la pérdida de tierras agrícolas y la variabilidad de cosechas anuales. La inflación de alimentos (en mercados clave) es un indicador de presión social alimentaria.

-Relación con ejes previos: La seguridad alimentaria está estrechamente unida al cambio climático: alteraciones de temperatura y lluvia reducen rendimientos agrícolas (ya proyectados en varios informes). Esto alimenta migraciones climáticas (personas huyen de tierras infértiles) y puede provocar conflictos armados (guerra por tierras cultivables o agua de riego). También impacta la biodiversidad: la demanda de alimento lleva a deforestación y monocultivos. En lo sanitario, la desnutrición infantil y deficiencias nutricionales (hierro, vitaminas) degradan la fuerza laboral futura y la capacidad inmunológica. Adicionalmente, las crisis alimentarias acentúan la pobreza y la desigualdad, enlazando con los ejes económicos y sociales ya tratados.

-Conexiones: La falta de alimentos puede encadenarse con otros riesgos en forma no lineal. Por ejemplo, combinada con escasez de agua (eje anterior), puede desencadenar hambrunas agudas. Un choque simultáneo financiero (subida de precios) y climático (sequía) podría triplicar el impacto humano. La inseguridad alimentaria también realimenta la migración masiva y la inestabilidad política (asuntos migración y conflicto). Tecnologías agrícolas (biotecnología de cultivos resistentes) y la rehabilitación de suelos (infraestructura) serán claves para mitigar este riesgo, mostrando el lazo entre seguridad alimentaria, innovación y resiliencia civil.

-Por qué es crítico: La degradación ambiental es una amenaza directa a la salud y al bienestar. La contaminación del aire, por ejemplo, es el segundo factor de riesgo de muerte en el mundo: en 2021 se registraron 8.1 millones de muertes atribuidas a contaminación atmosférica (superando al tabaquismo)[35]. En particular, 700,000 niños <5 años murieron en 2021 por exposición a aire sucio[36]. A la par, la contaminación del agua y del suelo, así como el hundimiento de ecosistemas (pérdida de polinizadores, derrames tóxicos), compromete la calidad de vida. Vivir en un ambiente sano es esencial para cualquier pronóstico vital humano y tecnológico.

-Indicadores actuales: Entre los indicadores se cuentan las concentraciones de PM2.5 (partículas finas) y NO2 en áreas urbanas, el número de muertes prematuras por polución (OMS/Health Effects Institute), y la proporción de aguas residuales tratadas. El informe State of Global Air 2024 señala que el 90 % de la población mundial respira aire con niveles insalubres de PM2.5[37]. También se monitorean los volúmenes de plástico/petróleo en océanos y la acumulación de residuos tóxicos. Biodiversidad: índices de especies amenazadas por contaminación (p. ej. disminución de anfibios por fumigantes) muestran el impacto ecológico.

-Relación con ejes previos: La contaminación se cruza con la salud pública (multiplica enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer), con la infraestructura crítica (plantas eléctricas basadas en carbón generan smog) y con la descarbonización: muchas emisiones contaminantes provienen de quema de combustibles fósiles, por lo que limpiar el aire requiere transición energética. A su vez, la calidad ambiental influye en la biodiversidad: ecosistemas contaminados pierden especies clave. En la dimensión social, las zonas pobres urbanas sufren más polución (lo que agrava la desigualdad). Además, “cambiar el clima” puede verse como una forma global de contaminación (efecto invernadero) que conecta con este eje.

-Conexiones: La contaminación genera efectos encadenados: por ejemplo, la mala calidad del aire debilita al sistema inmunológico, interactuando con pandemias al aumentar las hospitalizaciones. El smog y la polución agrícola pueden exacerbar la crisis alimentaria dañando cultivos. Asimismo, los recursos destinados a combatir la contaminación (filtración, salud) compiten con otros gastos críticos (p. ej. descarbonización o infraestructura). De modo inverso, la mitigación (p.ej. más bicicletas, menos autos) impacta positivamente la descarbonización y la movilidad urbana. La contaminación ambiental, por tanto, es un nodo que une salud, clima, economía y justicia social en una red de riesgos no lineales.

-Por qué es crítico: El nivel educativo y de habilidades de una población determina su capacidad para innovar, adaptarse y gobernarse a sí misma. La UNESCO reporta que en 2025 aún 739 millones de adultos no tienen habilidades básicas de lectura/escritura[38]. La alfabetización y la educación empoderan a la población (mejor salud, mayor productividad) y reducen la pobreza[38]. Sin una población educada, resulta imposible aprovechar tecnologías futuras (IA, biotecnología) de forma equitativa ni orientar políticas públicas eficaces. En resumen, la educación es la base de cualquier pronóstico robusto de vida humana.

-Indicadores actuales: Se usan tasas de alfabetización (p.ej. 87 % mundial con escolarización básica[39]), cobertura escolar primaria/secundaria, resultados en pruebas estandarizadas (PISA), y gasto en educación (%PIB). También se monitorea el número de graduados en campos científicos/tecnológicos y la participación en educación terciaria. Desafíos como el acceso desigual (urbano vs rural, hombres vs mujeres) se expresan en indicadores de paridad educativa. Tras la pandemia, se cuenta además la proporción de jóvenes afectados por cierres escolares (1.5 mil millones según UNESCO)[40].

-Relación con ejes previos: La educación condiciona directamente todos los otros ejes. Poblaciones mejor formadas tienen mayor conciencia ambiental y adoptan con más facilidad la descarbonización y tecnologías limpias. También son menos susceptibles a la desinformación, pues razonan mejor la información. En salud, adultos educados son más propensos a usar servicios sanitarios y seguir recomendaciones médicas, reduciendo el impacto de pandemias. Económicamente, mejor educación alivia la desigualdad generacional (empleos mejor pagados) y refuerza la estabilidad financiera (consumidores más informados). En política, una ciudadanía educada sustenta la democracia al participar críticamente; los analfabetos políticos facilitan el surgimiento de líderes autoritarios, ligando educación con gobernanza.

-Conexiones: La falta de educación interacciona con múltiples riesgos. En combinación con alta desempleo tecnológico (eje 1), agrava la alienación social: jóvenes sin preparación migran o radicalizan. Sin capital humano adecuado, la respuesta a un desastre (climático o pandémico) es débil, exacerbando su efecto. La inversión en educación es asimismo sensible al endeudamiento público (eje 7): crisis económicas suelen recortar presupuestos educativos, generando un círculo vicioso con baja escolaridad. En contraste, elevar los niveles educativos multiplica la resiliencia: por ejemplo, agricultores educados usan mejor prácticas agronómicas (conexión con seguridad alimentaria) y ciudadanos alfabetizados pueden autoorganizarse tras un colapso informativo. La educación, por tanto, actúa como multiplicador de la credibilidad prospectiva: es la base sobre la cual se construyen y amplifican (o se desmoronan) las demás soluciones.